Los bolivianos, la renta dignidad y el IDH: Octubre del 2007

Contexto

La promoción de políticas sociales específicas que benefician a los ancianos es una demanda de los bolivianos al Estado. El BONOSOL es un derecho adquirido. Según la encuesta encargada por el PAPEP en Octubre de 2007 los bolivianos conocen al BONOSOL (98%) tiene una idea muy precisa y acertada de lo que es (70%) aprueban ampliamente su pago (83%) y opinan que este ha tenido un impacto positivo en sus beneficiarios directos, los ancianos(91%) las familias bolivianas (84%) el desarrollo social y humano del país (70%) e incluso, aunque en menor medida, en ellos mismos (62%) y en el desarrollo económico de Bolivia (58%).

La “renta Dignidad” cuenta con el mismo nivel de apoyo que el BONOSOL (79%). Quienes aprueban su pago señalan esencialmente que es una buena política para los ancianos (66%) pues se trata de una medida solidaria que los ayuda o una protección para quienes no tienen jubilación. Los bolivianos resaltan solo marginalmente su efecto multiplicador en la economía (13%) su mayor y mejor cobertura que el BONOSOL (12%) o que se trate de la mejor forma de disponer de los recursos del gas (9%).

 La renta dignidad ocasiona un conflicto al conocerse que el financiamiento de dicha renta proviene de los Impuestos  a los  Hidrocarburos (IDH). Se descontará el 30% del IDH  a las prefecturas, municipios, universidades y al Tesoro General de la Nación. Esta medida generó una respuesta inmediata con la movilización de Cívicos, indígenas, universidades, prefecturas, municipios y asambleístas.

En términos de opinión pública, el conflicto político en torno a la Renta Dignidad tiende a reproducir las brechas oriente/occidente y gobierno/oposición. Mientras el posicionamiento político de los habitantes de Cochabamba se asemeja al de occidente, los sucrenses reproducen patrones detectados en el oriente-sur del país.Se detectan tres determinantes fundamentales sobre los cuales se construye el posicionamiento de la opinión pública en relación al conflicto. En primer lugar, el grado de apoyo diferenciado a la Renta Dignidad: quienes apoyan plenamente la medida pasan de la mitad en occidente (48%) y entre los votantes del MAS (52%) a un tercio en el oriente-sur (34%) y entre los votantes de la oposición (30%). De la misma forma, el rechazo a la medida pasa del 11% entre los votantes del MAS al 33% en la oposición.

Por último, percepciones diferenciadas sobre el rol del gobierno central en el financiamiento de la Renta Dignidad: mientras en el occidente del país (65%) y entre los votantes del MAS (65%) se privilegia un esquema de concurrencia entre los distintos niveles del Estado para financiar la medida, en oriente-sur (52%) y entre los votantes de la oposición (55%) se apunta abiertamente a la responsabilidad exclusiva del gobierno central en el financiamiento de la medida.

En definitiva, en occidente y entre los votantes del MAS tanto el nivel de apoyo a la Renta Dignidad como al uso de los recursos del IDH y a la participación de niveles descentralizados de gobierno en su financiamiento, son muy elevados. Al contrario, en el oriente-sur y entre los votantes de la oposición, el apoyo a la Renta Dignidad es más crítico y la aceptación al uso de los recursos del IDH y a la participación de prefecturas/ municipios en el esquema de financiamiento es sensiblemente menor

En este contexto, el Presidente Morales debe dar respuesta a dos dilemas estratégicos para construir escenarios favorables: ¿Se cubrirá la renta Dignidad con fondos del gobierno o de las Prefecturas contra los recursos del IDH? ¿Se logrará o no la construcción de un esquema nacional de renta de vejez como resultado de un acuerdo interterritorial inédito en el país?