Honduras: “La cuarta urna”, la coyuntura política en el 2009

Contexto

El 23 de marzo de 2009, el presidente Zelaya aprueba un decreto denominado de la “cuarta urna”, mediante el cual se propone realizar  por medio del  Instituto Nacional de Estadística (INE) una consulta popular no vinculante a nivel nacional el 28 de junio de 2009. En esta consulta la ciudadanía expresará si está de acuerdo o no en que en las elecciones de noviembre se coloque una "cuarta urna" (junto a las  urnas destinadas para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales), para votar una consulta popular y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que aprobaría una nueva Constitución Política.

Frente a esta propuesta surgen críticas y cuestionamientos hacia el papel del INE, y una  preocupación por una supuesta agenda “continuista” de la actual Administración.

Por un lado, según una encuesta flash realizada por el PAPEP en Abril de 2009, seis de cada diez hondureños opinan que es importante o muy importante que se convoque a una Asamblea Constituyente y nueve de cada diez hondureños  señalan que es importante o muy importante que se realicen las elecciones presidenciales de Noviembre. Al mismo tiempo, la mayoría de ciudadanos rechazaría cualquier acción de imposición o de bloqueo por parte de los actores políticos, en relación a la “cuarta urna” y el “proceso electoral”.

Por otro lado, los liderazgos entrevistados señalan que: existen  riesgos latentes de conflicto institucional (entre Poderes), de polarización política, y de deslegitimación del próximo gobierno. Los líderes consultados presentan altos niveles de desconfianza en relación a la “cuarta urna”.

En este marco, Honduras se enfrenta a dos grandes desafíos de corto plazo:

1. La Cuarta Urna: Implica que el gobierno del Presidente Zelaya deberá analizar si realiza o no una  consulta popular  el 28 de Junio para convocar a una Asamblea Constituyente.

2. La dinámica política: La instauración de la “cuarta urna”, exige una dinámica de construcción de acuerdos. Para un  eventual acuerdo político, es necesario acordar en relación a dos temas de fondo:

• Los relativos a la habilitación de la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total de la Constitución, incluidos sus contenidos pétreos, y a su naturaleza, alcance y límites y
• Los relativos a las condiciones concretas o específicas para la convocatoria a la Asamblea Constituyente que tienen que ver con las respuestas a las preguntas sobre el qué, quién, cómo y cuándo de este mecanismo de reforma.